Modernizar la justicia desde su cúpula: la importancia de perfiles interdisciplinarios en el Consejo Superior de la Judicatura
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Resumen
En Colombia, la Constitución de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura como el órgano encargado del gobierno y administración de la Rama Judicial, con funciones en reglamentación de la ley, planeación y ejecución del presupuesto, así como en la selección y disciplina de jueces y magistrados. Desde su creación, su estructura y funcionamiento hansido objeto de múltiples debates, lo que ha llevado a la presentación de diversos proyectos de reforma, algunos orientados a su modificación y otros a su supresión. Este organismo, gestiona el Poder Judicial a través de la Sala Administrativa en donde se regula el presupuesto, la planificación, los proyectos, la carrera judicial, la infraestructura y la tecnología de la información. No cabe duda que su rol es fundamental para que el funcionamiento de la justicia sea eficiente, transparente y ligado con las necesidad sociales de la población Colombiana. Antes del Acto legislativo de 02 de 2015 existía la Sala Disciplinaria que operaba en la supervisión disciplinaria sobre jueces y abogados, pero fue reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Así mismo, el Acto legislativo abolió la Sala Administrativa y creó el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, con la finalidad de modernizar la administración de justicia. Sin embargo en la Sentencia C-285 de 2016, la Corte Constitucional consideró la reforma inconstitucional por vicios procedimentales, lo que aseguró que esta sala se mantuviera en su estructura original. Se han presentado otras decisiones judiciales que han limitado las posibles reformas. En la Sentencia C-713 de 2008, se estableció que la reorganización del Consejo debe respetar los principios rectores de independencia y autonomía judicial. En este mismo sentido, la Sentencia C-474 de 2013 estableció que la constitución y las funciones del Consejo deben articularse conforme a los principios del Estado Social de Derecho, evitando modificaciones que puedan debilitar la administración de justicia. Los debates sobre la reforma del Consejo se han centrado en múltiples razones, entre estas la gestión presupuestal basándose en la falta de capacidad técnica, de planificación y de capacidad para adaptarse a nuevos retos institucionales. Parte de estas deficiencias se deben al perfil de los miembros que lo integran: jueces o magistrados con experiencia jurisdiccional que priorizan lo legal sobre lo administrativo. Por lo tanto, es crucial analizar si el perfil de los magistrados al día de hoy ha tenido una evolución significativa para así examinar si este cambio tiene una influencia real en la eficiencia administrativa de este órgano.
En razón de lo anterior es necesario preguntarse: ¿En qué medida es necesaria una reforma a las competencias y los requisitos de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura colombiano para lograr una mayor eficiencia en el ejercicio de sus funciones? En respuesta, este ensayo sostiene que, aunque en los últimos años se ha evidenciado una evolución positiva en los perfiles de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, ya que se ha incorporado formación interdisciplinaria y experiencia en gestión pública, es necesario consolidar y exigir estos estándares como criterio obligatorio en su selección, con el fin de garantizar mayor eficiencia administrativa y modernización de la justicia. Con la finalidad de sustentar lo aquí planteado se abordarán los siguientes puntos: en primer lugar, se definirá el concepto de interdisciplinariedad y su relevancia; posteriormente, se analizará el déficit institucional en la gestión de la justicia colombiana; luego, se examinará la evolución reciente en los perfiles de los magistrados como una oportunidad para el cambio estructural y, finalmente, como conclusión se argumenta la necesidad de la institucionalización de la interdisciplinariedad como criterio obligatorio en la elección de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Descripción
Abstract
In Colombia, the 1991 Constitution created the Superior Council of the Judiciary as the body responsible for the governance and administration of the Judicial Branch, with responsibilities in the regulation of the law, planning and execution of the budget, as well as the selection and discipline of judges and magistrates. Since its creation, its structure and operation have been the subject of numerous debates, leading to the presentation of various reform projects, some aimed at modifying it and others at eliminating it.
This body manages the Judicial Branch through the Administrative Chamber, which regulates the budget, planning, projects, judicial career, infrastructure, and information technology. There is no doubt that its role is fundamental for the efficient, transparent, and balanced functioning of the justice system, in line with the social needs of the Colombian population. Before the Legislative Act of February 2015, the Disciplinary Chamber operated, which carried out disciplinary oversight over judges and lawyers, but it was replaced by the National Commission on Judicial Discipline. The Legislative Act also abolished the Administrative Chamber and created the Judicial Government Council and the Judicial Branch Management, with the aim of modernizing the administration of justice. However, in Ruling C-285 of 2016, the Constitutional Court deemed the reform unconstitutional due to procedural defects, which ensured that this chamber would remain in its original structure. Other judicial decisions have limited possible reforms. Ruling C-713 of 2008 established that the reorganization of the Council must respect the guiding principles of judicial independence and autonomy. Along these same lines,
Judgment C-474 of 2013 established that the constitution and functions of the Council must be articulated in accordance with the principles of the Social Rule of Law, avoiding modifications that could weaken the administration of justice.
Debates on the reform of the Council have focused on multiple reasons, including budget management based on a lack of technical capacity, planning, and the ability to adapt to new institutional challenges. Part of these deficiencies is due to the profile of its members: judges or magistrates with jurisdictional experience who prioritize legal matters over administrative matters. Therefore, it is crucial to analyze whether the profile of magistrates to date has undergone a significant evolution in order to examine whether this change has a real influence on the administrative efficiency of this body. In light of the above, it is necessary to ask: To what extent is a reform of the competencies and requirements of the judges of the Colombian Supreme Council of the Judiciary necessary to achieve greater efficiency in the exercise of their functions? In response, this essay argues that, although recent years have seen a positive evolution in the profiles of the judges of the Supreme Council of the Judiciary, as interdisciplinary training and experience in public administration have been incorporated, it is necessary to consolidate and require these standards as mandatory criteria in their selection, in order to guarantee greater administrative efficiency and modernization of the justice system. To support the arguments presented here, the following points will be addressed: first, the concept of interdisciplinarity and its relevance will be defined; then, the institutional deficit in the management of the Colombian justice system will be analyzed; Then, the recent evolution in the profiles of judges will be examined as an opportunity for structural change, and finally, the conclusion is argued for the need to institutionalize interdisciplinarity as a mandatory criterion in the selection of judges to the Superior Council of the Judiciary.
Palabras clave
Consejo Superior de la Judicatura, Interdiciplinariedad, Eficiencia, Administración de justicia, Gestión pública, Derecho