Territorios indígenas en Colombia: la promesa constitucional incumplida

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Resumen

Este ensayo analiza la omisión legislativa en Colombia respecto a la creación formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), contempladas en el artículo 329 de la Constitución de 1991. A pesar del reconocimiento constitucional del carácter pluriétnico del Estado y del mandato de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) que regule dichas entidades, después de más de tres décadas no se ha expedido esta norma. En su lugar, el Estado ha implementado una regulación transitoria y fragmentada mediante decretos que no garantizan plenamente la autonomía, autodeterminación y derechos fiscales de los pueblos indígenas. Esta ausencia normativa limita el ejercicio efectivo de la descentralización territorial y genera una situación de discriminación estructural frente a otras entidades territoriales. El texto sostiene que solo una ley orgánica puede otorgar reconocimiento jurídico pleno y garantizar el acceso equitativo a competencias, recursos y mecanismos de consulta previa, conforme a los compromisos constitucionales e internacionales. Finalmente, se hace un llamado urgente al Congreso de la República para saldar esta deuda histórica y cumplir con los mandatos constitucionales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Descripción

Abstract

This essay analyzes the legislative omission in Colombia with respect to the formal creation of the Indigenous Territorial Entities (ETI), contemplated in Article 329 of the 1991 Constitution. Despite the constitutional recognition of the multiethnic nature of the State and the mandate for an Organic Law of Territorial Planning (LOOT) to regulate these entities, after more than three decades this norm has not been issued. Instead, the State has implemented a transitory and fragmented regulation through decrees that do not fully guarantee the autonomy, self-determination and fiscal rights of indigenous peoples. This lack of regulation limits the effective exercise of territorial decentralization and generates a situation of structural discrimination against other territorial entities. The text argues that only an organic law can grant full legal recognition and guarantee equitable access to competencies, resources and prior consultation mechanisms, in accordance with constitutional and international commitments. Finally, an urgent call is made to the Congress of the Republic to settle this historical debt and comply with constitutional mandates and the collective rights of indigenous peoples.

Palabras clave

Bloque de constitucionalidad, Autonomía territorial, Entidades Territoriales Indígenas (ETI), Descentralización, Discriminación estructural, Derechos de los pueblos indígenas

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