La seguridad jurídica y el Pacta Sunt Servanda en la renegociación y la revisión judicial de los contratos por excesiva onerosidad sobreviniente

Abstract

El ensayo analiza cómo la renegociación y la revisión judicial de los contratos afectados por excesiva onerosidad sobreviniente (hardship) se relacionan con los principios de seguridad jurídica y pacta sunt servanda, concluyendo que no los vulneran, sino que los refuerzan. La excesiva onerosidad sobreviniente se configura cuando, tras la celebración del contrato, surgen hechos extraordinarios, imprevistos e irresistibles que alteran gravemente el equilibrio económico, volviendo desproporcionado el cumplimiento para una de las partes. En Colombia está regulada por el artículo 868 del Código de Comercio y, en el ámbito internacional, por los Principios UNIDROIT, los PECL y el DCFR, que coinciden en la necesidad de revisar o adaptar los contratos para restablecer la justicia contractual. El primer remedio frente al hardship es la renegociación, entendida como un deber de las partes derivado del principio de buena fe. Este mecanismo supone que, de común acuerdo, los contratantes ajusten las condiciones para redistribuir equitativamente las cargas. La renegociación no desconoce el pacta sunt servanda, ya que las partes siguen obligadas a su palabra, pero pueden modificarla de forma legítima ante circunstancias imprevistas. Tampoco afecta la seguridad jurídica, porque preserva la certeza y confianza en el derecho al permitir soluciones flexibles y justas. Cuando la renegociación fracasa, procede la revisión judicial. El juez, limitado por criterios de equidad, razonabilidad y justicia, puede adaptar el contrato a las nuevas circunstancias o terminarlo si la adaptación no es viable. Esta facultad, reconocida en el ordenamiento colombiano y en los instrumentos internacionales, no es absoluta: el juez no crea un contrato nuevo, sino que corrige los efectos de la onerosidad. De este modo, se protege la obligatoriedad de lo pactado y se evita la arbitrariedad. En cuanto a la seguridad jurídica, implica certeza, estabilidad y protección de las expectativas legítimas de las partes. Ni la renegociación ni la revisión judicial la vulneran, pues ambas se encuentran previstas y reguladas por el ordenamiento. Respecto al pacta sunt servanda, principio según el cual “los contratos son ley para las partes” (artículo 1602 del Código Civil), se interpreta en armonía con la buena fe y el rebus sic stantibus, lo que permite que la obligatoriedad se module en contextos de desequilibrio extremo sin desaparecer. En conclusión, la renegociación y la revisión judicial no debilitan los principios de seguridad jurídica ni el pacta sunt servanda; al contrario, los complementan y fortalecen. Ambos mecanismos garantizan que los contratos puedan mantenerse en condiciones equitativas frente a hechos imprevisibles, protegiendo tanto a las partes como la confianza en el derecho.